La Unión Europea ha firmado una nueva normativa recientemente que le otorga mayor poder al consumidor en la adquisición de dispositivos eléctricos o electrónicos para acceder a una garantía de reparación fácil, rápida y asequible en caso de rotura, falla o término de la vida útil. Además, el organismo internacional pretende desactivar la alarmante y excesiva producción de residuos derivados de estos bienes.
La Unión Europea ofrece mayores garantías a los consumidores de bienes eléctricos o electrónicos
El Parlamento Europeo ha aprobado una ley que fomenta la reparación de artefactos enchufables que por diversos motivos hayan dejado de funcionar con normalidad, con el objetivo de extender su vida útil, ahorrar en la compra de otro bien de reemplazo y reducir la cantidad de desechos electrónicos.
En este contexto, la UE promueve la circularidad de estos bienes dentro de la economía, incentivando la restauración personal o contratada de los dispositivos en mal estado, extendiendo derechos en la garantía del producto sin tener que malgastar el dinero buscando un sustituto que cumpla la misma función.
La resolución quiere ofrecer una respuesta más sostenible a la colosal cifra de residuos electrónicos que se genera a nivel global, con más de 35 millones de toneladas al año. Lo más trágico de este frío dato es que sólo el 40% de estos desechos son posibles de reciclar.
La basura electrónica es un problema a resolver de manera urgente
A través de fuentes oficiales se pudo conocer el alto nivel eliminación prematura de este tipo de bienes que existe en Europa, lo que se calcula en un gasto de 12 mil millones de euros en compras de sustitutos, en vez de resolver repararlos.
Las cifras más preocupantes son las emisiones de carbono que producen estos residuos electrónicos que alcanzan los 261 millones de toneladas anuales y las previsiones indican que van en ascenso. Es por ello que la Unión Europea ha resuelto comprometerse con esta situación agregando más derechos al consumidor.
La ley promueve la reparación de los dispositivos y para ello les exige a los fabricantes la inclusión de piezas sencillas, de fácil extracción, manipulación y sustitución a precios asequibles o por servicio contratado de bajo coste y de rápido entrega. En este caso impulsa una reducción del IVA en el servicio de reparación.
Las garantías del fabricante deben ofrecer mayores derechos al consumidor
Establecida en 2022 la extensión de cada garantía a 3 años de los artefactos eléctricos o electrónicos por la Unión Europea, ahora los fabricantes deben ofrecer un servicio técnico adicional sin importar la fecha de compra del artículo para su reparación.
Este servicio alargará la garantía por un año más para cubrir el servicio de enmienda del dispositivo y es un deber de los responsables de venta informar de este derecho a los consumidores al momento de la compra.
Adicionalmente se legisla que durante el tiempo de restauración del bien, el consumidor tendrá derecho a disponer de un artículo de igual o superior condición mientras espera por el correcto arreglo de su dispositivo.
Una garantía más para quienes elijan reparar y no desechar
La Unión Europea incentiva de esta forma el reacondicionamiento de los bienes eléctricos o electrónicos como lavadoras, teléfonos móviles, ordenadores o neveras promoviendo la reducción de este tipo de residuos y el ahorro de costes por sustitución.
En el caso que el dispositivo no tuviera posibilidad de ser reparado, la ley prevé una plataforma de acceso gratuito y público a artefactos reacondicionados en venta a precios inferiores al de un artículo nuevo. Esta base de datos contendrá además información de reparadores y detalle de coste del servicio.
Adicionalmente, promocionará tutoriales de autorreparación de acuerdo a cada tipo de falla, y los gobiernos deberán realizar campañas divulgativas para hacer conocer los nuevos derechos del consumidor.
Por su parte, los fabricantes no podrán incorporar a la garantía ningún tipo de cláusula que los exima de estas obligaciones ni incluir programas de obsolescencia programada. Los países miembros de la UE tendrán dos años para adherir a esta norma y hacerla cumplir en sus garantías al consumidor que reducirá la basura electrónica e incentivará la economía circular.
